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El Ordenamiento Jurídico español prevé una serie de instituciones que tienen como objetivo completar la capacidad jurídica de aquellas personas que no tienen plena capacidad, tal es el caso de los menores de edad o las personas con discapacidad.

De esta manera, aquellas personas que no puedan valerse por sí mismas recibirán la ayuda, a través de alguna de las instituciones jurídicas previstas en la legislación española, de otras personas. Este es el caso de la tutela, si bien hay otras de importancia como la curatela.

¿Qué es la tutela?

La tutela es una institución jurídica cuya finalidad es la protección y guarda de menores y personas especialmente vulnerables. Esta institución se acuerda por resolución judicial cuando una persona, bien sea por su minoría de edad, bien por alguna condición personal, no pueda valerse por sí misma personal y/o patrimonialmente.

Esta institución jurídica puede tener el objetivo de proteger a la persona tutelada, a su patrimonio a ambas.

¿Qué personas están sometidas a tutela?

Con la entrada en vigor de la Ley 8/2021, desaparece la tutela para las personas con discapacidad y menores emancipados, siendo sustituido por la institución de la curatela, ofreciendo un acompañamiento que complemente la capacidad jurídica de aquellas personas que lo necesiten.

En virtud de la nueva legislación, las personas que estarán sometidas a tutela son las siguientes, de acuerdo con el artículo 199 del Código Civil:

  • Menores de edad no emancipados en situación de desamparo.
  • Menores de edad no emancipados que no estén sujetos a patria potestad.

¿Cómo se produce el nombramiento del tutor?

Como ya se ha adelantado, la tutela deberá determinarse en resolución judicial acordada por la autoridad judicial competente, si bien esta podrá proponerse previamente en el testamento documento público otorgado por los progenitores del menor.

En este sentido, es la autoridad judicial competente la encargada de determinar que la persona que será designada como tutor cumple con las condiciones requeridas para poder desempeñar esta función. Suelen ser designadas para el ejercicio de la tutela las siguientes personas, de acuerdo con los artículos 211 y 212 del Código Civil:

  • Personas físicas que no estén habilitadas de acuerdo con la normativa vigente.
  • Fundaciones o personas jurídicas sin ánimo de lucro cuya actividad consista en asistir y proteger a menores de edad.

En cualquier caso, se deberá tener en cuenta que existe un orden de preferencia a la hora de designar tutor. De acuerdo con el artículo 213 del Código Civil, el orden de preferencia es el siguiente:

1º.- Persona o personas designadas por los progenitores del menor de edad en testamento o documento público.

2º.- Ascendiente o hermano designado para ejercer la tutela por la autoridad judicial.

No obstante, el orden de preferencia podrá ser alterado, de acuerdo con el artículo 213 del Código Civil, de forma excepcional. Es necesario que esto esté adecuadamente motivado en resolución judicial, basándose esta decisión en el interés superior del menor. En definitiva, es posible alterar el orden de preferencia a la hora de designar a la persona que ejercerá la tutela siempre que esta decisión se base en el interés superior del menor y sea beneficiosa para el menor la integración en la vida familiar de la persona designada tutor.

Limitaciones a la hora de ejercer la tutela

No todas las personas podrán ser designadas tutores por la autoridad judicial competente. En concreto, no podrán ejercer la tutela las siguientes personas, de acuerdo con el artículo 216 del Código Civil:

  • Aquellas personas que estuvieran privados o suspendidos para ejercer la patria potestad, ya sea de forma total o de forma parcial, de los derechos de guarda y protección.
  • Aquellas personas que hubieran sido legalmente apartados del ejercicio de la tutela, curatela o guarda anterior.

Además, de acuerdo con el artículo 217 del Código Civil, el Juez competente no podrá nombrar tutor a las siguientes personas:

  • Aquellas personas excluidas por los progenitores del tutelada para ejercer la tutela.
  • Aquellas personas que hubieran sido condenadas por perpetrar cualquier delito que permita creer que no se desempeñará la tutela correctamente.
  • Aquella persona que, siendo administrador, hubiera sido sustituido en el desempeño de las facultades de administración.
  • Aquella persona que sea culpable de un concurso, salvo que la tutela sea solo del menor de edad y no también de su patrimonio.
  • Aquella persona que tenga un conflicto de intereses con el menor de edad sujeto a tutela.

La figura del tutor es, sin duda, fundamental para complementar la capacidad jurídica de los menores de edad que necesitan de ayuda para valerse por sí mismo, siendo protegidos a través del tutor por el Ordenamiento Jurídico español.

La tutela es, sin duda, una institución jurídica clave en nuestro ordenamiento que debe ser acordada por la autoridad judicial. En este sentido, es importante contar con los servicios de profesionales del Derecho especializados en Derecho de Familia en Santander, de forma que cualquier duda sobre esta figura pueda ser despejada. Confía en Fincas Legal y conoce todos los entresijos de la tutela.

Autor

José Manuel Fernandez Puente
José Manuel Fernandez Puente

Abogado Colegiado nº3259 del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria